El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados por el caso Vialidad a depositar, en un plazo máximo de diez días, una suma de 644.000 millones de pesos. Esa cifra corresponde al perjuicio económico que, según la sentencia, provocaron al Estado mediante el delito de fraude en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en Santa Cruz. Si no se cumple con el pago, la Justicia avanzará con el decomiso y remate de los bienes que ya están embargados.
La notificación fue firmada por el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, e incluye a todos los condenados en la causa. El tribunal exige que los responsables reúnan la suma de forma solidaria. Es decir, no se divide el monto entre los acusados, sino que todos responden por el total. De no concretarse el pago en el plazo previsto, el tribunal procederá con la ejecución sobre los activos embargados, entre los que se encuentran propiedades, sociedades y dinero en efectivo.
El total a cubrir surge de la actualización del decomiso original de 84.000 millones de pesos fijado en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022. A pedido del tribunal, peritos de la Corte Suprema recalcularon la cifra según los índices actuales y presentaron el resultado la semana pasada. Con esa nueva valoración, que representa más de 540 millones de dólares al tipo de cambio actual, el tribunal activó el reclamo formal.
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Entre los bienes en la mira de la Justicia se cuentan 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades. Algunos pertenecen a Cristina Kirchner, otros a Lázaro Báez y al resto de los condenados. El objetivo del decomiso, según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, es recuperar los activos generados a partir del delito e impedir que los responsables sigan disfrutando de los beneficios económicos obtenidos de manera ilícita.
La sentencia sostiene que esta herramienta legal busca apropiarse de los bienes utilizados para cometer un delito o de aquellos que hayan sido producto directo de él. En su alegato, los fiscales calcularon el perjuicio al Estado a partir de los sobreprecios en 51 licitaciones y los daños ocasionados por obras inconclusas. Esa base sirvió para definir el monto que ahora se reclama.
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