El Gobierno le pidió este martes a la jueza estadounidense Loretta Preska que reconsidere la orden emitida la semana pasada con la que ordenó la entrega de chats y correos electrónicos del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, como parte de las medidas para descubrir información reclamada por los demandantes en el juicio por la estatización parcial de YPF.
Argentina realizó otras dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio, un mecanismo que permite descubrir datos relevantes, en este caso para probar que el Gobierno influye o influyó previamente en las decisiones de YPF, una sociedad anónima privada, pero con 51% de sus acciones en manos del Estado.
En la primera de ellas, solicitó una audiencia para presentar una moción de reconsideración de la orden del 29 de julio de 2025, mediante la cual la jueza requirió que la República Argentina recolectara y produjera comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y whatsapp de ciertos funcionarios actuales y anteriores.
En su carta, el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que lleva a cargo la defensa del país, argumentó que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y la República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
En esa línea, los abogados mencionaron casos en los que el tribunal del segundo circuito de Nueva York anuló sanciones contra el funcionario de una corporación rusa por no producir documentos de la corporación, ya que la ley rusa lo impedía, y el de una empresa de Singapur que no podía ser obligada a entregar correos personales de un empleado radicado en China por motivos similares.
Por último, la defensa sostuvo que, según el derecho argentino, dichos elementos son «propiedad inviolable» de sus titulares, que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos, y que el experto de los demandantes solo citó resoluciones que tratan sobre solicitudes de correos de cuentas oficiales del gobierno, no personales Por ello, solicitó rever la resolución del 29 de julio pasado.
El fondo Burford Capital, beneficiario de un fallo por US$ 16.100 millones más intereses, quiere probar que YPF era manejada por el Gobierno, por ejemplo para determinar el precio de la nafta y el gasoil en función de la inflación, o las inversiones para favorecer a ciertas provincias. También busca información sobre las privatizaciones que lleva adelante el Gobierno.
En ese marco, Argentina solicitó en su segunda presentación a la jueza una audiencia preliminar para presentar una moción tendiente a aclarar o reconsiderar la misma orden, por la cual impide al Estado oponerse a pedidos de discovery posterior al dictado de sentencia con base en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución.
El planteo es que el tribunal pasó por alto que, conforme al precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, solo puede ordenarse el descubrimiento de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio. Y afirma que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables.
Entre otros ejemplos, mencionan que los demandantes solicitaron información extensa -tanto en Argentina como a nivel mundial- sobre cuentas financieras del país, deudas, transacciones comerciales, activos muebles, cartas de crédito y cuentas en custodia. Y que el año pasado, el Tribunal ordenó la identificación de cuentas financieras utilizadas para fines «militares, diplomáticos y consulares».
Sin embargo, la defensa objetó los pedidos por considerar que son «irrelevantes y desproporcionadas». Por ese motivo, solicitó una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar lo que en el gobierno entienden que es un «discovery abusivo», y por lo tanto que se reconsidere la decisión por considerar que se desatendió jurisprudencia relevante.