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La edil del PJ se refirió a la polémica sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y a la resolución que obliga a la oposición a retractarse bajo amenaza penal, calificando los hechos como un «grave atropello institucional».
Tras la sesión extraordinaria que finalizó en un escándalo en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo, la concejala Lucía Miranda (PJ) se refirió a lo ocurrido este miércoles y a la resolución aprobada por el oficialismo. En diálogo con ECN, la edil sostuvo que la sesión estuvo viciada desde su origen y que se avanzó por fuera del marco legal establecido.
Miranda cuestionó la figura de «sesión preparatoria extraordinaria», afirmando que no existe en el reglamento del cuerpo. «Todo fue fuera de lo que está establecido», señaló. El eje central del conflicto es la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto. Al respecto, la concejala negó que exista una «prórroga automática», argumentando que, de ser así, no habría sido necesario votar una nueva resolución.
La opositora advirtió que el oficialismo actúa como si no rigieran las leyes, la Constitución provincial ni la Ley de Régimen Municipal, normativa que establece que la licencia de un intendente es una excepción. «No se puede gobernar con una excepción», indicó, enfatizando que no existe la figura de una licencia indefinida para un cargo electivo.
Miranda también apuntó contra el proyecto de resolución aprobado por la mayoría oficialista, que fija un plazo de 72 horas para que los concejales opositores se retracten públicamente bajo amenaza de una denuncia penal. «Eso es querer amedrentar a quien piensa distinto. Es antidemocrático», denunció.
En ese sentido, cuestionó que el oficialismo utilice el argumento de la «paz social» para justificar lo que consideró «maniobras irregulares». «Hablan de paz social, pero pretenden sostenerla con mentiras y sin darle explicaciones a la gente», afirmó.
La concejala subrayó el rol de la oposición, recordando que también cuenta con legitimidad democrática. «Nosotros estamos ahí porque nos votó la gente. Nuestra función principal es el contralor», planteó.
Por último, Miranda anticipó que evalúan avanzar por la vía judicial. «Seguramente vamos a ir por ese camino. Inventaron una resolución para tapar que no tienen la documentación y para disciplinar a la oposición», finalizó.