Concejales de la oposición presentaron una denuncia judicial contra la sesión preparatoria del 4 de febrero, argumentando vicios en su convocatoria y desarrollo, lo que pone en duda la validez de las autoridades designadas y actos posteriores.
Concejales de la oposición en Villa de Merlo formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial. La presentación, caratulada como «Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público», cuestiona la sesión preparatoria del Concejo Deliberante realizada el pasado 4 de febrero.
Los ediles Daniel Orué, Ana Laura Ferrarotti y Lucía Miranda sostienen que el encuentro fue convocado y desarrollado en contradicción con el Reglamento Interno del cuerpo, calificándolo de «manifiestamente inconstitucional» y «nulo de nulidad absoluta». En su denuncia, solicitan la suspensión inmediata del tratamiento del proyecto de Resolución Nota N° 039-C-D-2026 y de cualquier acto que busque convalidar las autoridades surgidas de esa sesión.
Desde el bloque opositor advirtieron que insistir con el tratamiento de la resolución, pese a las irregularidades denunciadas, podría interpretarse como un intento de encubrimiento de hechos bajo investigación judicial. Asimismo, remarcaron que lo actuado podría derivar en nuevas denuncias e incluso en presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis por conflicto de poderes.
El conflicto adquiere mayor dimensión ante la posibilidad de que, si la sesión del 4 de febrero fuera declarada nula, queden cuestionadas las autoridades designadas ese día: Leonardo Rodríguez como presidente del Concejo, Patricia Morandé como vicepresidenta primera y María José Álvarez como vicepresidenta segunda. De confirmarse esa nulidad, todas las decisiones posteriores carecerían de sustento legal.
Entre dichas decisiones se encuentra la sesión extraordinaria en la que, con votos del oficialismo y sin presencia opositora, se aprobó la prórroga de la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto, habilitando su eventual regreso mediante una simple nota.
Ante este escenario, la oposición sostiene que avanzar con la convalidación de actos «viciados en su origen» profundizaría la inseguridad jurídica y podría extender la responsabilidad legal. Por ello, reclaman prudencia legislativa y exigen suspender cualquier tratamiento hasta que la Justicia se expida.