El oficialismo local asegura que la continuidad del gobierno municipal está garantizada por una resolución, mientras la oposición cuestiona su validez y denuncia un vacío legal. La justicia deberá dirimir el conflicto.
Frente a denuncias penales y cuestionamientos de la oposición, el oficialismo de Villa de Merlo negó este viernes la existencia de un vacío institucional en la conducción del Ejecutivo Municipal. Sostienen que la continuidad de la licencia del intendente electo, Juan Álvarez Pinto, y el interinato de Leonardo Rodríguez están respaldados por la Resolución N°2423-CD-2025, aprobada por la mayoría del Concejo Deliberante el 14 de agosto de 2025.
En declaraciones a Merlo TV, la presidenta del cuerpo legislativo, Patricia Morandé, afirmó que cualquier confusión se debía a un error de «interpretación» por parte de la oposición. Aseguró que el permiso tiene vigencia hasta el 14 de marzo de 2026 y que la prórroga garantiza la continuidad institucional, evitando interrupciones en la gestión. Desde el oficialismo se insiste en que todos los actos administrativos dictados en este período se realizaron con normalidad.
Sin embargo, los bloques opositores, representados por Ana Laura Ferrarotti, Lucía Miranda y Daniel Orué, indican que la resolución citada no fija un nuevo inicio para el cómputo del plazo, sino que extiende una licencia originalmente otorgada en diciembre de 2024. Según su interpretación, ese plazo venció el 23 de diciembre de 2025, y al no haber una nueva resolución que modifique o revoque expresamente la anterior, se genera un vacío legal sobre la continuidad del intendente electo. Esto, a su juicio, pone en duda la validez de las decisiones firmadas por el intendente interino, Leonardo Rodríguez, durante ese período.
La polémica se profundiza con la fecha mencionada por Morandé. La oposición señala que, incluso tomando como referencia la resolución de agosto, la licencia debería vencer el 14 de febrero de 2026 y no en marzo, lo que reflejaría una falta de claridad administrativa.
A raíz de esta controversia, se convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles 4 de febrero. En ella se tratará, primero, la elección de autoridades del HCD y luego los temas referidos a la licencia de Álvarez Pinto y el pedido de informes realizado por la oposición.
Mientras tanto, Rodríguez continúa con sus actividades habituales. El viernes se reunió con el gobernador Claudio Poggi para la firma de un convenio para la construcción de 40 viviendas sociales y mantiene una activa presencia en redes sociales. Será la justicia la que deberá determinar la validez de todas las decisiones y actos realizados a partir del 24 de diciembre de 2025.