Prestadores turísticos cuestionan los porcentajes de ocupación difundidos por el municipio y reclaman mayor transparencia y profesionalización en la gestión del sector.
En Villa de Merlo, el destino turístico más importante de la provincia de San Luis, la discusión ya no pasa únicamente por si la ocupación fue del 70% o del 45%. El verdadero conflicto parece estar en la credibilidad de los datos oficiales, en la falta de una estrategia clara de promoción y en la creciente tensión entre el sector privado y quienes conducen la política turística local.
La polémica volvió a encenderse durante el último fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador, cuando desde el área de Turismo municipal se difundieron porcentajes de ocupación que rápidamente fueron puestos en duda por prestadores turísticos. Empresarios hoteleros, cabañeros y referentes vinculados a la actividad sostienen que el movimiento real estuvo lejos de los números comunicados oficialmente y cuestionan cómo se construyen esas estadísticas.
En una localidad con cerca de 600 establecimientos de alojamiento y más de 13.000 plazas disponibles, los datos funcionan como una herramienta central para medir temporadas, planificar inversiones, orientar campañas promocionales y evaluar el comportamiento del mercado. Cuando esos números pierden credibilidad, el impacto afecta la toma de decisiones del sector privado.
Las críticas apuntan a varios frentes. Operadores turísticos advierten que no existiría un relevamiento suficientemente amplio ni trabajo de campo sostenido que permita construir indicadores representativos del conjunto de la oferta de la localidad. También remarcan la falta de información complementaria como la procedencia de visitantes, nivel de gasto, estadía promedio o perfil del turista.
Villa de Merlo cuenta formalmente con un Observatorio de Turismo, creado para producir información sistemática y confiable sobre la actividad. Su función institucional incluye la generación de datos para la planificación pública y privada. Sin embargo, en los últimos meses crecieron los cuestionamientos sobre la escasa difusión de informes completos y las demoras en el acceso a la información oficial. Ante consultas sobre los porcentajes de ocupación previstos para el próximo fin de semana largo, desde el municipio respondieron únicamente que “todavía los chicos están relevando”.
Detrás de la discusión estadística aparece otro problema de fondo. Dentro del sector turístico crece una percepción de ambigüedad sobre quién conduce realmente la política turística en la ciudad. El intendente electo, actualmente en uso de licencia, ocupa al mismo tiempo el cargo de ministro de Turismo provincial. En los últimos meses, distintas áreas que históricamente funcionaban bajo la órbita provincial comenzaron a articularse hacia el ámbito municipal, pero muchos prestadores sostienen que las decisiones estratégicas y la promoción continúan dependiendo de la estructura provincial.
Esa dinámica genera un esquema difícil de interpretar para los propios actores turísticos. El resultado es una cadena de mando difusa donde no siempre queda claro quién toma las decisiones y quién asume la responsabilidad sobre los resultados de la actividad turística en el destino estrella de San Luis.
A eso se suma otro foco de malestar: la idea de que determinadas acciones promocionales y articulaciones institucionales beneficiarían principalmente a un grupo reducido de actores privados cercanos al poder político. Cada vez que surgen cuestionamientos sobre los datos o la gestión, desde el oficialismo se intenta instalar el relato de que quienes critican “están en contra del turismo” o perjudican la imagen del destino. Muchos prestadores rechazan esa interpretación y sostienen que discutir estadísticas y políticas de gestión implica reclamar mayor profesionalización y transparencia en uno de los motores económicos centrales de la región.