Ediles opositores presentaron una ampliación de la denuncia penal existente, acusando a la presidenta del cuerpo y al bloque oficialista de modificar el reglamento interno sin seguir el procedimiento formal, en el marco del conflicto por la licencia del intendente electo.
La situación política en Villa de Merlo continúa en un escenario de tensión institucional. Concejales de la oposición ampliaron una denuncia penal ya existente, dirigiendo sus acusaciones contra la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, y el bloque oficialista. Según los denunciantes, se habría impulsado una maniobra para modificar el reglamento interno del cuerpo legislativo, con el objetivo de sostener decisiones previamente cuestionadas ante la Justicia.
La presentación fue realizada por los ediles Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda, quienes ya venían impulsando acciones judiciales en el marco del conflicto por la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto y el funcionamiento del Concejo. La nueva denuncia se centra en lo ocurrido durante la sesión del 19 de marzo.
Según la oposición, en esa sesión el oficialismo habría avanzado con cambios en el reglamento interno sin respetar el procedimiento establecido, contradiciendo las propias normas del Concejo. El reglamento establece que ninguna disposición puede ser modificada mediante resoluciones tratadas sobre tablas, sino que debe seguir un proceso legislativo formal, límite que, según los denunciantes, fue ignorado.
El punto más delicado de la acusación sostiene que, durante el tratamiento, el texto habría sido alterado para incorporar un nuevo criterio de quórum que no figuraba en el proyecto original. Para los concejales opositores, esto no fue un error, sino una decisión política con un objetivo concreto: «reacomodar» el reglamento para intentar sostener la validez de la sesión preparatoria del 4 de febrero, que ya fue denunciada como nula por presuntas irregularidades.
Aquella sesión del 4 de febrero definió autoridades del Concejo y habilitó decisiones posteriores, como la resolución que prorrogó la licencia del intendente electo. Si la Justicia declara inválida esa instancia, todo lo actuado después podría quedar sin sustento legal. En ese contexto, la oposición argumenta que la modificación del reglamento buscó evitar ese escenario.
La ampliación de la denuncia también señala responsabilidades concretas, apuntando a la conducción del cuerpo por no haber impedido una votación que, afirman, violó el reglamento. Los denunciantes advierten que los hechos podrían encuadrarse en delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, sostienen que la maniobra podría haber tenido impacto en causas judiciales ya en trámite.
Como parte del pedido, solicitaron medidas de prueba, como registros audiovisuales de la sesión, actas oficiales, libro de asistencia, detalle de las votaciones y testimonios de los presentes, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en el recinto.
La ampliación de la denuncia no solo refuerza el frente judicial del conflicto, sino que también profundiza la disputa política. Lo que está en discusión ya no es únicamente la validez de una sesión, sino si desde el propio Concejo se intentó modificar las reglas para sostener actos cuya legalidad está siendo investigada.