La audiencia de este viernes estuvo marcada por cuestionamientos al proceso de elaboración, reclamos de mayor participación ciudadana y el impacto del fallo ‘Mercau’ de la Corte Suprema.
La audiencia de este viernes estuvo atravesada por cuestionamientos al proceso de elaboración, reclamos por mayor participación ciudadana y de las dos universidades e instituciones locales, advertencias sobre el cuidado del agua y un nuevo escenario legal tras el fallo “Mercau” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La apertura estuvo a cargo de la arquitecta Gabriela Rodio, una de las impulsoras del proyecto, quien explicó que el nuevo Código Urbanístico se apoya en tres pilares: diagnóstico territorial, modelo de ciudad proyectado al 2050 y actualización normativa que reemplazaría la ordenanza 744. Según detalló, el diagnóstico detectó expansión urbana dispersa, superposición normativa y una práctica sostenida de excepciones que, con el tiempo, fue desdibujando el esquema original de planificación. La propuesta, sostuvo, busca consolidar áreas ya urbanizadas, ordenar indicadores y vincular cualquier aumento de densidad a la existencia previa de infraestructura.
En la misma línea, la secretaria del área, Isaura Leiria, definió el documento como “una herramienta técnica” para dar previsibilidad y encauzar el crecimiento. El intendente electo y actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, afirmó que la discusión era una deuda pendiente desde hace años. Recordó que tanto vecinos como trabajadores y profesionales venían señalando la necesidad de debatir hacia dónde crece la ciudad y bajo qué criterios. Sostuvo que la decisión de impulsar el nuevo ordenamiento fue política y asumida durante su gestión como intendente, con el objetivo de dejar atrás el tratamiento permanente de excepciones urbanísticas. “Era momento de discutir integralmente el modelo de ciudad y no seguir postergándolo”, expresó.
El representante de la ONG Agrupación Juvennat, Mario Nicoletti, fue uno de los más críticos. Advirtió sobre posibles conflictos normativos con legislación provincial y nacional, cuestionó omisiones en materia de protección de cuencas hídricas, gestión de residuos, prevención de incendios forestales y preservación del patrimonio cultural. “¿Cómo vamos a hablar de ordenamiento territorial sin un plan serio de protección de las cuencas hídricas?”, planteó, y sostuvo que el documento “mira el mapa pero no piensa el territorio”. Nicoletti también cuestionó el lenguaje técnico del anteproyecto y el escaso tiempo otorgado para su análisis, señalando que así no se garantiza una participación ciudadana efectiva ni el involucramiento de universidades y órganos consultivos locales.
El Maestro Mayor de Obras Gustavo Lattaruolo también puso el foco en el proceso. Señaló que un plan de ordenamiento territorial debe construirse con una participación amplia y efectiva de instituciones locales, colegios profesionales y universidades. Reclamó estudios técnicos verificables que respalden cada decisión y subrayó que el desarrollo urbano no puede quedar librado a la lógica del mercado, sino que requiere un Estado presente que regule y controle con coherencia.
Desde una perspectiva técnica, Facundo Martins Meira, de la Universidad Nacional de los Comechingones, pidió incorporar con mayor profundidad la gestión integral del riesgo. Propuso analizar las crecidas de arroyos -incluido el evento de 2023-, estudiar paleocauces, delimitar zonas de incendios de interfaz urbano-forestal y no subestimar el riesgo sísmico, aun cuando la región esté categorizada como zona sísmica 2.
La preocupación por el recurso hídrico atravesó buena parte de la jornada. Representantes institucionales y vecinos coincidieron en que el crecimiento urbano debe estar subordinado a la capacidad real de provisión de agua y servicios. El representante de la Cooperativa de Agua, Pablo Magno, insistió en que no puede planificarse mayor densidad sin infraestructura garantizada. Otros expositores remarcaron que el agua constituye el principal capital ambiental y económico de la ciudad, y que cualquier modelo de desarrollo debe priorizar su preservación.
Uno de los ejes más relevantes del debate fue el impacto del denominado fallo “Mercau”. El diputado provincial y ex secretario de Hacienda municipal, Bruno Mini, explicó que la Corte Suprema no declaró inconstitucional la norma que sustenta la regulación urbana, lo que reafirma la potestad del municipio para planificar y reglamentar el desarrollo territorial. No obstante, aclaró que el fallo fijó un límite, la prohibición absoluta del uso de una propiedad privada. Cuando el Estado impide cualquier tipo de aprovechamiento del suelo, puede quedar obligado a indemnizar al propietario. Mini diferenció indemnización de expropiación -ya que en la primera el bien continúa siendo privado- y advirtió que este nuevo escenario obliga a diseñar regulaciones que protejan zonas sensibles sin exponer al municipio a litigios de alto impacto económico. Álvarez Pinto coincidió en que el fallo marca “un antes y un después”. Recordó que en 2015 el Concejo había endurecido las restricciones en la zona T4, eliminando prácticamente la posibilidad de desarrollo en esa área.