El Gobierno de San Luis realizó una asistencia financiera excepcional a diez instituciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales, ante demoras en los pagos del programa nacional Incluir Salud.
El Gobierno de la Provincia de San Luis transfirió este lunes 30 de marzo un total de $960.361.100,46 a diez instituciones prestadoras que atienden a 471 personas con discapacidad. El objetivo de la medida es sostener el funcionamiento y garantizar la continuidad de servicios fundamentales en el territorio provincial.
La operación fue autorizada por el gobernador Claudio Poggi mediante el decreto N°2762-MdeS-2026 y se concretó a través de una asistencia financiera excepcional. La gestión fue impulsada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Discapacidad, luego de reclamos de instituciones que atraviesan una situación crítica por la falta de pago de prestaciones que corresponden al Programa Nacional ‘Incluir Salud’.
El aporte provincial es reintegrable y será devuelto en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera: $209.346.098,72 para Ailen SRL; $254.252.308,92 para Centro de Día La Esperanza SA; $12.288.932,93 para Colibríes Centro de Día SAS; $37.194.887,26 para Fundación Beatriz Ramseyer; $94.538.565,34 para Qatro SRL; $183.144.923,40 para Newen SA; $51.852.498,60 para López Cynthia Magali; $6.683.156,54 para Mediavilla David Fernando, Alarcón Agustina Lourdes y Alarcón Luciana Sociedad de Hecho; $20.448.360,00 para Fundación Valduvieco – Apoyo Integral a Personas con Discapacidad y su Entorno; y $90.611.368,74 para Antu SRL.
La situación se originó por una deuda que el Programa Nacional ‘Incluir Salud’ mantiene con instituciones radicadas en San Luis que brindan prestaciones a sus afiliados, entre ellas, centros de día, terapéuticos, de rehabilitación y transporte. Según información oficial de la subdirección de Incluir Salud, esas prestaciones deben ser financiadas por la Nación en el marco del convenio vigente.
De acuerdo con los informes, la demora en los pagos comenzó en octubre de 2025, en el contexto de una reorganización del área nacional de la que dependía el programa, con cambios de estructura, nuevas designaciones y un proceso de auditoría. Esta transición derivó en atrasos sostenidos que afectaron la liquidez de las instituciones y comprometieron la continuidad normal de los servicios.
Ante este escenario, los prestadores realizaron presentaciones y reclamos para obtener una respuesta. En una audiencia mantenida el 9 de marzo con autoridades nacionales, se les informó que la demora persistiría por tiempo indefinido. Frente a esa situación, las instituciones solicitaron al Gobierno provincial un aporte reintegrable para sostener gastos operativos y de funcionamiento.